La ley de semillas es un tema profundo, complejo y de vital importancia en nuestro país, ya que cereales y oleaginosas es el principal complejo exportador nacional, y se ubica en el podio de la producción mundial.
La semilla resulta ser el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y la importancia de su legislación radica en su condición estratégica con alto impacto social, productivo, económico y político.
Argentina produce anualmente, alrededor de 120 millones de toneladas por campaña, número que ni se imaginaba en los años ‘90 cuando la cosecha de maíz, trigo y soja, no alcanzaba los 50 millones de toneladas. Esto se logró gracias al avance científico y a la aplicación del paquete tecnológico, pero sobre todo a la audacia y valentía de los productores que apostaron a la ciencia y a la tecnología, dejando la comodidad de lo conocido y arriesgándose al porvenir.
En ese momento en que nadie creía, los productores se arriesgaron y resultaron de fundamental importancia en la expansión de una semilla cuestionada e incluso prohibida en países vecinos. La bolsa blanca no fue un impedimento comercial ni legal, cuando Monsanto necesitaba difusión más que recaudación, legitimación más que legalidad. Es importante poner sobre la mesa este secreto a voces, porque fueron esos productores quienes apostaron por esa nueva forma de producción que combinaba siembra directa + soja RR + Round Up.
En materia de avances científicos y tecnológicos la Argentina ha crecido mucho, no solo en biotecnología, también en Ag-tech (nanotecnología, robótica, Inteligencia Artificial). Se calcula que la exportación de servicios de conocimiento de nuestro país es de unos u$u 6500 millones anuales. Nuevamente los productores del sector agropecuario apuestan a la ciencia y al conocimiento, y desde AAPRESID lanzan el 1° Congreso Nacional de Agtech, promoviendo la inversión en conocimiento, las nuevas tecnologías y la sustentología.
Pero también, ha sido y es muy importante el Estado Nacional, que a través de las instituciones como el INTA, el INASE, el SENASA, el CONICET, las Universidades Nacionales, aportando a la investigación y la ciencia, dejar de mencionar este aspecto resultaría incongruente. Es que el rol del gobierno es importante, sin dudas, en lo legislativo pero también en lo ejecutivo. La relevancia de la ejecución de políticas públicas y las diferentes gestiones que desde el gobierno se realizan fueron, son y serán fundamentales en materia agropecuaria.
El rol del productor en los avances científicos, tanto en biotecnología como en tecnología, ha sido trascendental, una agricultura sin productores en el futuro quizás sea posible, pero ¿es lo que queremos como país? La pregunta es odiosa pero sincera, porque lo que legislemos en materia estratégica, como es la semilla, será determinante en la existencia y la participación futura de nuestros productores.
Una Ley que declare de orden público y carácter estratégico la Ley de Semilla, así como el régimen de licencias obligatorias y de cláusulas antimonopólicas; que mantenga UPOV 78’ (Convenio Internacional de la Unión Para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y el derecho a uso propio; que mejore y fortalezca las estructuras institucionales del Instituto Nacional de Semillas (INASE), de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y del Consejo Federal de Semillas; que reconozca e incluya al Semillero Multiplicador; que de un marco particular para los Agricultores Familiares y Campesinos; y que establezca el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla. Son temas centrales que debe contener y contemplar la nueva legislación.
De la audacia y valentía, de la visión y convicción de quienes discutan y debatan en el congreso dependerá que sea Ley y que sea con los productores argentinos.
