Esta semana el congreso se llenó de verde en pleno otoño, la discusión sobre la Ley de Despenalización del Aborto, centró la atención pública del país completo.
Luego de varias semanas quedaron en segundo plano los temas en materia de economía, pero no por eso se detuvo la actividad económica. Los u$s50.000 millones del FMI no han mejorado los créditos para el sector agropecuario ni frenaron la escalada del dólar. La inflación no se detiene, y la brecha de precios entre origen y destino (IPOD de la CAME) aumentó el 7.6%, pagando el consumidor en promedio 5,21 veces más de lo que recibe el productor.
Pronto la legislatura volverá a tocar un tema trascendental para los argentinos, que repercutirá en todo el entramado económico nacional y en la vida en general: La Ley de Semillas. Un tema cuya importancia preocupa por los intereses que están en juego, que comprometen ingresos de empresas trasnacionales que manejan un mercado mundial que, junto a los agroquímicos, los supera los U$S 100.000 millones, como Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Chemchina-Syngenta y BASF.
El compromiso argentino en materia de innovación e investigación tecnológica, data del siglo XIX cuando se crea el Instituto Agrícola Santa Catalina formando los primeros ingenieros agrónomos. En cuanto a semilla, la creación del INTA y su trabajo en la adaptación de germoplasma de los cereales mejicanos para las pampas nacionales a mediados del siglo XX. Los productores nacionales siempre fueron parte de este compromiso hacia el avance científico en materia productiva. Una prueba de esto fue el rol vital en la introducción del paquete tecnológico de la soja, en los años 90 cuando muchos tildaron de locos aquellos que se animaron a la Siembra Directa, la semilla RR y el Round-Up.
En el año 1996, cuando se introdujo la semilla de soja resistente a Round-Up (RR), se compraba a un precio mayor que la semilla tradicional, por lo que solo algunos se arriesgaron a implementar este novedoso modelo de siembra. Monsanto, principal productor de la semilla y del herbicida, comprendió rápidamente la importancia clave del productor como difusor y promotor, valiéndose de ellos, por un lado, bajó el precio de la semilla RR respecto a la tradicional, por otro lado permitió el uso de “bolsa blanca” y la multiplicación para uso propio, logrando la expansión de sus insumos no solo dentro de la República Argentina, sino como estrategia fundamental para ingresarla a Brasil, Paraguay y Bolivia, países donde los transgénicos estaban prohibidos. Cuando la semilla estuvo adaptada y operando en número importante de comercializadores, Monsanto comenzó a reclamar por el uso ilegal de su semilla y por la legislación en materia de semilla.
La legislación vigente, Ley 20.247/73, está en discusión con diferentes puntos en conflicto y disidencia. Su debate y tratamiento en el Congreso Legislativo tendrá posturas contradictorias y visiones disimiles, que deberían tener como punto en común e indiscutible: el beneficio de los productores y las cadenas de valor argentinas, y el desarrollo protección de la principal economía nacional.
Una nueva Ley de Semillas debería garantizar que los derechos de propiedad intelectual estén acordes al interés público; mantener el derecho del uso propio; promover el desarrollo de la industria local de semillas; potenciar y estimular el estudio y avances en materia biotecnológica, genómica e Inteligencia Artificial, tanto de los privados nacionales como de los públicos (INTA, INTI, CONICET, Universidades, etc); debe garantizar el libre acceso de los semilleros multiplicadores a todas las variedades lanzadas al mercado; debe garantizar ineludiblemente el crecimiento y el desarrollo de cada cadena productiva del sector agrario nacional.
En cambio, una ley de semillas que favorezca a las transnacionales poniendo en peligro el crecimiento de los productores nacionales, que concentre más el poder en los dueños de los insumos estratégicos, significa entregar a las empresas transnacionales la economía que genera el mayor ingreso de divisas de nuestro país. El verdadero punto contradictorio de esta Ley es quien controla el eslabón estratégico de la cadena, no discutir y debatir esto puede resultar en una Ley que nos mate.
