Hace varios días se viene hablando de la plaga más famosa del cultivo de la vid, la Lobesia botrana, comúnmente conocida como «la polilla de la vid». La misma produce daños en las infloresecencias y bayas provocando daños en la producción y afectando no solo el rendimiento si no también la calidad de la uva tanto para vinificar como para consumo en fresco.
En la provincia de Mendoza dicha plaga se encuentra establecida en los oasis norte y centro, con algunos focos en el oasis sur. En San Juan existen alrededor de 40 mil hectáreas bajo cuarentena y el año pasado se detectaron ejemplares de la plaga en la localidad de Cafayate, provincia de Salta, donde afectaron alrededor de 2 mil ha y en Concordia en el cultivo de arándanos cuarentenando 170 ha.
Desde el 3 de marzo de 2010 mediante la resolución N°112/2010 SENASA declaró la emergencia fitosanitaria con el objetivo de contener y controlar la plaga. Y con el inicio de la campaña 2010/11, se aprobó el implementó del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana.
En el 2015, la Ley N° 27277 declara de interés el control de la plaga Lobesia Botrana y establece que los productores vitivinícolas serán beneficiarios de esta ley durante los primeros cuatro años de promulgada y reglamentada la misma, eximiendo a los productores de hasta 25 has del pago de insumos para el control y facultando al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a reasignar las partidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley.
Hasta acá todos estamos de acuerdo, se identifica una plaga que puede causar grandes pérdidas en la producción vitivinícola y se establecen las herramientas para combatirlo. Pero la realidad es que a diferencia del año 2017, cuando se asignaron alrededor de 400 millones de pesos, para combatir la plaga, este año el ministro de agroindustria Luis Miguel Etchevehere, anunció junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo el aporte de 100 millones por parte de la nación y 50 millones de pesos por parte del gobierno provincial debiendo resolverse el resto con aportes de privados.
Esta propuesta exime del pago a los productores con menos de 5 has lo que representa solo el 14% de la superficie cuando tendría que cubrir a la totalidad de productores de hasta 25 has que abarca el 55% de la misma y representa el 92% de los viñedos.
Esta decisión sumaría un gasto aproximado de $1500 por ha a cada productor complicando aún más las pérdidas de $ 18.700 por ha para los productores de uva tinta y de $31.300 para los productores de uva blanca con destino a vino común informadas en el mes de abril por el Observatorio de Economías Regionales de ACOVI al término de la cosecha.
Este año, Según precisaron desde el ISCAMEN, se necesitarán cerca de 300 millones de pesos para realizar la campaña 2018 y cubrir las 150 mil hectáreas. Considerando que el tratamiento de esta plaga debe ser a nivel regional y la técnica empleada para su control es la de técnica Confusión Sexual el tratamiento y erradicación debe será ser también a nivel regional, este recorte del 62% del presupuesto afecta directamente al productor.
Este miércoles en la cámara de diputados de la provincia de Mendoza con 24 votos positivos se dio sanción inicial a la iniciativa del poder ejecutivo nacional de declarar de interés el control y erradicación de la plaga Lobesia Botrana con el presupuesto mencionado precedentemente. La normativa que propone el propone un desembolso tripartito para combatir la polilla de la vid entraría en vigencia el septiembre. Aunque aún resta definir si se ampliará el mínimo no imponible a 10 has.
Queda en evidencia que la política de ajuste del gobierno nacional ya llegó a los productores vitivinícolas achicando el régimen fitosanitario nacional y provincial, llegando al punto de dejar de cumplir la ley.
