Reunidas en la sede de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Buenos Aires, a instancias de la convocatoria hecha por la Comisión Nacional Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal Argentina, el lunes pasado organizaciones representativas de la agricultura familiar, campesina e indígena le reclamaron al Gobierno políticas públicas para el segmento de estos productores y la restitución de los despedidos en el ámbito del Ministerio de Agroindustria de la Nación y el Senasa.
El documento consensuado entre los participantes fue entregado anteayer al subsecretario de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, Felipe Crespo, durante el encuentro de la Sección Nacional de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF), un espacio que funciona en el Mercosur desde 2004 con el fin de impulsar políticas públicas regionales para el sector.
El texto, que se reproduce a continuación, fue suscripto por la FAA; el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina; la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino; la rama rural del Movimiento de los Trabajadores Excluidos; el Movimiento Campesino de Santiago del Estero; la Unión de Trabajadores de la Tierra; la Federación Nacional Campesina; el Frente Nacional Campesino; la Asociación de Trabajadores del Estado – Junta Interna Minago; la Asociación de Medieros y Afines; el Instituto de Cultura Popular; la Unión Campesina de Varela; el Frente Agrario Evita; la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal, y la Agrupación Grito de Alcorta:
- Reglamentar la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada en diciembre de 2014, así como de dotar de presupuesto suficiente a los órganos de aplicación y promoción contemplados en la misma.
- Facilitar el acceso a la tierra, la defensa de la posesión continuada y pacífica de miles de familias campesinas, promover el arraigo, respetar y asegurar los territorios de los Pueblos Originarios.
- Garantizar el funcionamiento de los espacios de diálogo entre los organismos gubernamentales y las organizaciones de la agricultura familiar en todos los niveles, para construir participativamente las políticas e instrumentos que se necesitan, conforme lo contemplado en las normativas vigentes. Rechazamos la discriminación y división respecto de la participación de organizaciones en el Consejo Nacional de Agricultura Familiar y la Reunión Especializada de Agricultura Familiar. Esto atenta contra la representación plural y genuina del sector.
- A los fines de sostener el adecuado funcionamiento de la Secretaría Técnica de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, que apoya a las organizaciones y a los estados en el sostenimiento del espacio y garantiza el acceso a la información y la participación, es imprescindible que la Argentina renueve el aporte al Fondo de la Agricultura Familiar.
- Apoyar la producción familiar de alimentos mediante compras del Estado (para comedores escolares, hospitales, etcétera); facilitar la comercialización, adecuando la legislación a las características de la producción familiar; orientar los apoyos técnicos a las necesidades de los productores familiares, y facilitar el acceso a programas de promoción y crédito.
- Impulsar políticas que: no permitan la concentración de la tierra y el control monopólico de la producción; promuevan la defensa de las semillas criollas y nativas; establezcan un sistema tributario progresivo que incluya y promueva la agricultura familiar teniendo especialmente en cuenta el caso de las cooperativas y mutuales de productores, que no pueden ser consideradas sociedades comerciales comunes.
- Activar e incentivar el Registro Nacional de Agricultores Familiares con participación de las organizaciones campesinas.
- Garantizar el adecuado funcionamiento de los organismos técnicos del Estado, tales como INTA, Senasa, y el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creados, así como de las áreas vinculadas a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal en el Ministerio de Agroindustria de la Nación.
- Es necesaria la asignación del presupuesto para el funcionamiento de los organismos y el desarrollo de los programas, así como el sostenimiento de los puestos de trabajo. En este sentido rechazamos los despidos efectuados en estos organismos y exigimos la reincorporación de los trabajadores despedidos.
- Las organizaciones participantes nos declaramos en estado de alerta y nos comprometemos a difundir este pronunciamiento y comunicarlo a las autoridades de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación, con la intención de aportar a la profundización y continuidad del diálogo y a la construcción de políticas para el sector.
