La realidad parece reírse de los productores, en la peor campaña en los últimos 10 años, el dólar y los precios de soja y maíz subieron, mostrándose como el juguete del otro lado de la vidriera al niño con la ñata pegada al vidrio.
La mejora de la competitividad para productores de commodities exportables, rápidamente encuentra la contracara en el aumento de los costos de los insumos, como fertilizantes, fungicidas y los combustibles y por ende al costo de siembra de la próxima campaña. Lo que afecta principalmente al productor que no tiene producto para comercializar.
La cosecha 2017/18, afectada por la terrible sequía, alcanza apenas las 79,6 millones de Tn sumando soja y maíz. A pesar de eso, los datos oficiales calculan que las existencias se encuentran entre los 14 y 15 millones de Tn, que no muestran ningún apuro en venderse y que se encuentran a la espera de una mejora del precio y de la baja en de algunos puntos más a las retenciones.
El problema se agrava cuando la repercusión en el sector que controla un tercio de la generación de divisas, impacta en el conjunto de la economía nacional. Corridas bancarias y aumento de la devaluación de la moneda en un escenario de inflación creciente, tiene su base en políticas económicas erradas por parte del gobierno nacional, como fue la eliminación de la obligación de liquidar divisas provenientes de la exportación de productos del agro, que benefició a las principales agroexportadoras. Esta medida alienta y favorece el el comportamiento especulativo de los actores más concentrados del sector, y castiga a quienes quieren producir y trabajar en Argentina.
La regulación sobre las empresas agroexportadoras para el ingreso de dólares, regía desde el año 1964, cuando el presidente Arturo Illia mediante decreto 2581/64, establecía en el artículo 1° que “el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales debe ingresarse al país y negociarse en el mercado único de cambio dentro de los plazos que establezca la reglamentación pertinente”. En 2012, que el gobierno kirchnerista emplazó a la liquidación de divisas en 30 días, bajo el pretexto de combatir maniobras de especulación cambiaria de los agroexportadores. Pero en 2016, el gobierno de Mauricio Macri, bajo el pretexto de mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas, flexibilizar las condiciones de financiamiento y mejorar la previsibilidad financiera, otorgó a través del BCRA, 5 años de plazo en primera instancia, para luego llevarlo a 10, y finalmente eliminar de esa obligación a los exportadores, destruyendo así un instrumento clave para administrar la escasez de las divisas.
Lo que no se menciona es que los despachos al resto del mundo no tuvieron un cambio significativo respecto de años anteriores pero el déficit de la balanza comercial de los dos primeros meses de 2018 ya llega a u$S 1.872 millones, muy superior a los u$S 268 millones del año anterior. Entonces parece que el boom de las exportaciones se ha convertido en el boom de las importaciones.
El primer cuatrimestre muestra una baja en la liquidación de divisas por u$S 4.860 millones de dólares, 3% inferior a igual periodo de 2017, asemejándose a los mínimos de los últimos 10 años, ya que en 2005 fue de u$S 5.502 millones y en 2006, de u$S 5.589 millones-, y en tercer lugar se ubica 2015, con u$S 5.633 millones, año en que el sector agroexportador hizo una fuerte presión sobre el gobierno anterior, pidiendo mejores políticas económicas. Con esta medida de eliminar la obligación de liquidación de divisas, las empresas trasnacionales ya no necesitan retener en silobolsas para forzar una devaluación, sólo tienen que guardar las divisas de la exportación en alguna cuenta del exterior.
En medio de la tormenta económica que durante los últimos 10 días llevó al BCRA a que las LeBACs lleguen a más 30%, y a que tenga que liquidar alrededor de u$S 4.500 millones en divisas para contener la devaluación. Los productores agropecuarios no encontramos respuestas a un gobierno que alienta la especulación financiera y deja a las economías regionales, los productores, los agroindustriales y las PyMEs agropecuarias, con la ñata contra el vidrio a la espera de un estado que sostenga a quien genera valor en el campo argentino.
