La semilla es el primer eslabón de cualquier cadena de producción y como tal es el origen de la alimentación y el desarrollo de un país. Este hecho la pone en un lugar preponderante y la establece como recurso estratégico dentro de la cadena de valor agroindustrial.
La biotecnología ha sido una de las ciencias de mayor desarrollo en el último tiempo, la famosa revolución tecnológica de la que tanto se habla, forma parte de un sinnúmero de avances de los que dispone el hombre para hacer más sencilla su vida en la tierra, la cuestión es que ese conocimiento adquirido no es para todos y eso en el agro Argentino cada vez se ve con más claridad.
Decimos que se nota con claridad, porque en el último mes del año de 2017, desde el sector de los privados junto con algunas entidades gremiales del agro, se presentó ante el Ministro de Agroindustria Miguel Etchevehere, un acta acuerdo para la presentación de un proyecto de ley que reforme la actual ley de semillas.
Participaron representantes de Aapresid, Aacrea, Asociación de Semilleros (ASA), Dow, Syngenta, Dupont, Bioceres, Basf, Don Mario, Nidera Semillas, Monsanto, CRA, Sociedad Rural y Coninagro.
Lo que también es cierto es que entidades gremiales que representan a los pequeños y medianos productores, como F.A.A, no participaron de esta reunión, una vez más asistimos a un debate a “puertas cerradas”. Y lo que está detrás de esa puerta no es más ni menos que el manejo de uno de los recursos estratégicos más importantes que tiene la producción agraria y es el USO de la SEMILLA.
Las empresas solicitan el cobro de regalías por la modificación genética, mediante esta técnica, se logró que las semillas como la de soja, sean resistentes a determinadas plagas mejorando la productividad y los rindes en el campo.
Está a la vista que la concentración económica detenta contra los derechos de los pequeños y medianos productores, pero también sobre los ciudadanía en general, porque no se hace público el debate sobre cómo, para que y de qué forma se produce en la Argentina. A su vez que se pone en riesgo el acceso al conocimiento y al uso de la propiedad intelectual de nuestros recursos naturales, hoy es la semilla, fuente elemental de vida y desarrollo de cualquier pueblo.
El estado debería ser garante de que todas las partes estén sentadas en el debate acerca de qué tipo de ley se requiere para que sea verdaderamente democrática y no atente contra los derechos de productores y consumidores, se sabe que las grandes empresas cuentan con herramientas que las ponen en lugares “privilegiados” pero el acceso al conocimiento y a nuestros recursos no deberían estar en manos de unos pocos, la soberanía también implica considerar hasta el más pequeño recurso de la cadena de valor.
Si el objetivo es lograr la integración y la competitividad de nuestros productos en el mundo, será tarea de todos los actores, poner en valor las discusiones que se avecinan en el agro argentino, la concentración en pocas manos no trae buenos augurios para nuestra economía agroindustrial.
Esta genial el aporte. Saludos.