Editorial- OBRA
“Aun usando carnes de una calidad un poco inferior, se preparan en la MARMICOC de tal manera que quedan perfectamente blandas”, decía una parte del anuncio que promocionaba la novedosa olla a presión. El tradicional puchero quedaba totalmente tierno debido a la presión de vapor ejercida por el mecanismo de cocción. Aun que recuerdo el estallido, cual bomba, dentro de la cocina de la casa de mis abuelos maternos, el día en que una semilla vegetal tapo la válvula de vapor y la presión fue tanta que explotó la olla. Milagrosamente nadie salió lastimado, aunque el susto fue enorme, tanta presión contenida provoco el estallido.
El campo argentino suele ser más aguantador que una olla a presión, quizás por su tradición campera y sus aires mañaneros de mates y pan casero. Pero hace tiempo soporta la presión fiscal que el estado ejerce en todos sus niveles, municipal provincial y nacional.
Raúl Robín, responsable del área de economías regionales de la CAME desde 2009, en una entrevista para LPO, ante la pregunta: ¿Confía en la reforma tributaria que prometió el gobierno?, respondió: “Sí confío porque en el Ejecutivo hay funcionarios profesionales y competentes que están trabajando en el tema. Mi único temor es que esta reforma llegue demasiado tarde para las economías regionales por los tiempos políticos necesarios para aprobarla y luego aplicarla.”
Ezequiel De Freijo, economista de la Sociedad Rural Argentina, declaró por radio Nacional “Todavía hay un nivel alto de presión tributaria, tiene que bajar para obtener una mejor competitividad, es una reforma que hay que impulsarla en forma integral”, manifestando como uno de los principales problemas de las economías regionales.
Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), reclamó que “la cadena, junto con las autoridades, hemos identificado a la presión fiscal como el detonador de la marginalidad. Eso nos llevó a trabajar en distintos niveles con las jurisdicciones locales (provincias) para reducir alícuotas de ingresos brutos y otras tasas (Municipales, SENASA y otras) que incrementan el precio de venta de la carne y conllevan a acciones evasoras.”
Andrés Mir, Investigador Asociado del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), durante la 3° edición del encuentro «Economías Regionales», organizado por LA NACION, declaró: «El sistema impositivo hizo aumentar los costos. Del 21% del PBI pasamos a una presión tributaria del 35% del PBI. El Gobierno entendió que no es viable. El gasto público no disminuye pero no hay lugar para más presión.»
El Economista Jefe del IERAL de Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón, entrevistado por Agrofy News, manifestó: “El campo sigue afrontando una presión tributaria elevada. Esto sucede debido que el sector, además de los impuestos generales (Ganancias, Débitos y Créditos Bancarios, IVA, Laborales, etc.), paga derechos de exportación, que continúan vigentes para los principales productos del complejo sojero (soja y sus derivados industriales).”
Según la medición de la participación del Estado nacional en la renta agrícola, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en agosto el promedio nacional fue de 71,1%. El indicador resulta de dividir los impuestos por la renta (valor de la producción menos costos de producción, comercialización y transporte), el promedio para Buenos Aires marcó el 65,7%, para Córdoba el 68,5% y para San Luis 68%.
El Instituto de Estudios Sociales del Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) del Inta, obtuvo como el resultado del “Indice de Confianza del Sector Agropecuario (ICSAgro)”, que el 49% de los productores piensa que el principal problema es la fuerte presión tributaria.
Al parecer todo el agro argentino sabe que la presión tributaria del fisco está a punto de estallar, menos los funcionarios del gobierno nacional. Ante la plaga de langosta que afecta a distintas provincias del país, sobre todo en Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Tucumán, además de países limítrofes como Paraguay y Bolivia, el SENASA a través de la Resolución 689-E/2017 publicada en el Boletín Oficial, dispuso un «control obligatorio de la plaga de la langosta sudamericana». La misma establece que estos controles deben realizarse «a través de medios propios o a través de servicios prestados por terceros”.
Parece que la deuda externa que el gobierno nacional ha tomado, no tiene destino productivo. Ni para el Plan Belgrano que aún está lejos de los avances prometidos, ni para asistencia en emergencia ya sea por plaga de langosta o por inundaciones. Según el economista Fausto Sportorno, en entrevista a canal rural, los más de 40 Mil Millones de dólares de deuda emitidas por el Gobierno Nacional son consecuencia del fuerte déficit fiscal por las Lebacs y el gasto del Estado. Lo que parecía tan simple de resolver en las promesas de la campaña electoral de 2015, no resultaron así en la realidad de la gestión diaria.
Solo esperemos que nada obstruya la válvula, hasta que la presión disminuya, la explosión del sector agropecuario dejaría demasiados heridos en la Argentina.
