Pasaron los frutazos, los manzanazos, los bananazos, las elecciones de primer término, y desde la fruticultura todo indica una situación de agobio que no se termina, más aún se agudiza.
Como bien se sabe el eje disparador del conflicto en todas estas producciones, principalmente la de la fruta pepita y la banana tienen que ver con la apertura indiscriminada y desregulada de las importaciones, sumado a la falta de herramientas que proporcionen una sostenibilidad a largo plazo para los productores no solo del alto valle rionegrino sino también de la provincia de Mendoza, y de Formosa para el caso de la banana.
Ahora bien, según un informe realizado por CAME, la falta de inversiones e incentivos hace que la situación llegue a un cuello de botella que necesita de una definitiva decisión, que la de asegurar a los productores una serie de políticas que le permitan ser competitivos, como les gusta mencionar a los funcionarios del gobierno.
A estas horas se habla mucho de la gran capacidad productiva de algunos países y de cómo su sobreproducción incide en el ingreso de estos productos en el país, cabe aclarar que no es solo la realidad de la fruta, lo es también para el sector lácteo y el porcino.
El aumento de las importaciones de manzanas también fue significativo ya que ingresaron al país alrededor de 3.104 toneladas, mientras que en 2015 y en 2014 se importaron 288 toneladas y 45 toneladas. Hasta el momento, y tomando los primeros meses de enero hasta mayo, las importaciones de manzanas crecieron 892% con respecto a esos meses pero de 2016.
En contraposición, las exportaciones siguen cayendo en picada: medidos en toneladas en 2014, fueron de 145 mil; en 2015, 104.719; en 2016, 87.700 y en lo que va de 2017, apenas 41.500.
“Necesitamos que el Gobierno nacional actúe a través de la Secretaría de Comercio para poner un freno a esta situación que está generando un daño importante en el sector primario”, dijo Raúl Robín, presidente del área de Economías Regionales de CAME.
Y añadió “cada kilo de manzana u otro tipo de fruta que ingresa para consumo interno, es un kilo menos que el productor local comercializa en el mercado interno y/o externo», advirtió el presidente de Economías Regionales de CAME.
De acuerdo con un informe realizado por CAME, «para dimensionar el problema, en cinco años se perdieron 4.000 hectáreas de superficie plantada (se estima además que hay otras 15.000 en estado de abandono), se perdieron 2 millones de jornales, las exportaciones cayeron un 36%, la producción se retrajo el 42%, y se estima que el sector se descapitalizó en más de u$s 787 millones. Con estos números se posiciona con un fuerte déficit en capital de trabajo y sin recursos para invertir en tecnología».
La fruticultura es la principal ocupación económica en el Alto Valle de Río Negro y una de las más importantes también para la provincia de Neuquén. Por ahora, ni la eliminación del 5% en retenciones, ni los reintegros (devolución de impuestos de alrededor del 12%) ayudaron a mejorar la rentabilidad de la actividad. El aumento de los costos en dólares desde 2009 fue muy fuerte y se suma a la caída de los precios, poniendo al sector en jaque», dice la entidad de la mediana empresa (CAME).
De hecho, otro dato que pinta a pleno la situación es la estrepitosa caída en el precio de la tierra que hoy (sistematizada) se ubica en apenas u$s 20-25.000 por hectárea, mientras que en Chile puede alcanzar hasta u$s 250.000 debido, en parte, a su mayor productividad y renta.
Es importante revisar las consideraciones que se realizan desde la CAME, y evaluar las necesidades que hay en el sector, principalmente para no caer en dichos como los que se escucharon en la última exposición rural, el productor necesita de políticas integrales y desde una perspectiva innovadora, así mismo se necesita una política diferencial para determinar las prioridades de acuerdo al tipo de productor y al tamaño de su establecimiento. Sumado a que se deberá analizar la cadena en su conjunto para establecer ordenadamente los objetivos de cada eslabón.
Una de las cuestiones más desiguales es la brecha de precios que asume el productor con respecto al que paga el consumidor, uno de los productos con mayor diferencia de precios en julio entre origen y destino fue la pera. En este caso los consumidores pagaron en julio un precio medio de $ 35,10 por kilo y los productores cobraron solo $ 3,90 por kilo (+807%).
Así como en los últimos resultados electorales, que vivimos el pasado domingo, aún no está nada dicho, y resta mucho para hacer en materia agroindustrial, el voto positivo del agro no es parejo y en consecuencia los famosos brotes verdes no “renacen” para las economías regionales.
Elaboración: Observatorio Rural Argentino