Uno de cada tres argentinos reside en áreas expuestas a inundaciones. Hagamos entonces un recorrido histórico de los desastres climáticos de los últimos tres años.
En el 2015 según el Banco Mundial, las inundaciones costaron a la Argentina u$s 3.400 millones en 2014, un 0,7% de su PBI. Provocando más de 7.000 evacuados y afectando las provincias de Chaco, Entre Ríos y Santa Fe. El Programa Nacional de Prevención de Desastres, del Ministerio de Planificación especifica que la peligrosidad de las inundaciones se amplifica por el diseño de la red vial, sin prevención de las obras de drenaje correspondientes y con la construcción de canales clandestinos en los campos.
En abril del 2016 alrededor de 40 mil personas ya eran las afectadas por las inundaciones en el Litoral argentino. Según el Gobierno de Santa Fé, la pérdida sólo en esa provincia ascendió a 20 mil millones de pesos. Se declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario para 18 de los 19 departamentos provinciales. A finales de año, el temporal afectó al norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. A mediados del mes de diciembre, el gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas zonas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa por las inundaciones para las explotaciones agroganaderas y con actividad frutihortícola.
En el año 2017 hubo dos grandes temporales, el primero fue en enero, por el que la provincia de Santa Fe calcula pérdidas preliminares de u$s 1100 millones para la agricultura y la lechería, donde hay 1500 tambos en riesgo. En Buenos Aires: cinco millones de toneladas menos significan u$s 1750 millones, aproximadamente el 7% del valor de la cosecha. Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, se reunió con el ministro Buryaile y le reclamó asistencia extraordinaria por parte del Estado nacional: obras para arreglar los caminos rurales, créditos blandos para la reconversión productiva, además de la devolución de los $23 mil millones (más la actualización) de la coparticipación federal de impuesto que ordenó la CSJN. En Buenos Aires, la gobernadora Vidal decidió prorrogar por 120 días el vencimiento del Impuesto Inmobiliario urbano y rural en las zonas afectadas.
El segundo desastre ocurrió a fines de marzo y principios de abril, abarcando las provincias de Tucumán, Chubut y La Pampa. Sólo en esta última hay unas 500.000 hectáreas afectadas con pérdidas millonarias.
Los gobiernos provinciales declararon emergencia hídrica, social, comunitaria y agropecuaria, pero esto no alcanzará para paliar las pérdidas. Las consecuencias sociales incluyen miles de evacuados, destrucción total de viviendas, voladuras de techos de viviendas por vientos de entre 50 y 90 km/h, anegamientos, cortes de energía eléctrica y daños en el sistema cloacal sumado a las enfermedades que ocasiona este tipo de desastre.
En la cuestión productiva, los eventos climáticos e incendios registrados en el primer mes de 2017 dan cuenta de una pérdida de más de 5 millones de toneladas en todo el país. Con un total de 600.000 hectáreas que quedaron sin sembrar y casi 1 millón sin cosechar. En la provincia de Corrientes solamente ya son 50.000 los animales muertos y más de 2.500.000 has inundadas.
Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires afirmaron que 770.000 hectáreas de soja, 290.000 de maíz, 21.000 de sorgo y 19.000 de girasol se encuentran afectadas por la situación climática actual.
Son variadas las posturas respecto a las causas de las inundaciones, los grandes productores expresan que es por una falta histórica de obras públicas e infraestructura para prevenir estos fenómenos. Desde el CONICET se plantea el eje de espacios verdes inhabitables que se encuentran llenos de barrios en condiciones de pobreza, poniendo el acento en el déficit histórico de viviendas sociales. El Servicio Meteorológico Nacional nombra un sistema de alta presión ubicado en las costas del Uruguay que origina un “bloqueo” meteorológico al paso de agua desde el Pacífico.
El INTA explica que el cambio del uso del suelo es un factor fundamental para explicar por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves. No están de acuerdo en que los excesos hídricos se deban a la falta de obras ni al exceso de lluvias, sino más bien a cuestiones asociadas al proceso de minería que sufre la agricultura y a la agriculturización de las últimas dos décadas principalmente La sojización y expulsión de la ganadería sin uso de pasturas genera menor consumo de agua. Observan una relación directa entre el incremento de los cultivos agrícolas y el acercamiento de la napa freática a la superficie que hoy está a menos de un metro. El monte nativo infiltra 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros. Y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora.
Las soluciones que proponen los diferentes actores involucrados son variadas, y como observatorio queremos destacar la imperiosa necesidad de la intervención del Estado para soluciones estructurales, no sólo en seguros multiriesgo y bonos verdes, sino también en obras, infraestructura y principalmente en la regulación del uso responsable de la tierra como un bien social. Por último la ayuda para los pequeños y medianos productores, principalmente para aquellos que producen para el consumo interno (como los tamberos) debería ser prioridad del Estado, ya que en caso contrario la única solución es desaparecer. Es hora de preguntarnos sobre el alimento, su producción y consumo, y para esto debemos proyectar un plan que regularice la producción agropecuaria.
